Delegación Mexicana: Eréndira Quintanar Orozco y Brenda Catalina Ruiz Sánchez

Introducción

México, oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, se encuentra ubicado en el continente americano más específicamente en el norte y comparte frontera terrestre con Estados Unidos, Guatemala y Belice. Cuenta con una vasta historia cultural y de gran diversidad, una geografía favorable y abundantes recursos naturales, y según el Banco Mundial, se encuentra entre las quince economías más grandes del mundo y es la segunda de América Latina (Banco Mundial, 2022).

La forma de organización política de México es la de una república representativa, democrática, federal, compuesta de 32 entidades o estados federativos, libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación; y en la capital, el distrito federal de la ciudad de México, tienen sede los poderes de la Unión (legislativo, ejecutivo y judicial) (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2016). Aunado a lo anterior, en el último censo realizado en el año 2020 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se registraron 126,014,024 millones de personas residentes en el país (ver Figura 1), con tres características a destacar: 1) existen 95 hombres por cada 100 mujeres, 2) la mitad de la población tiene 29 años o menos, 3) existen 50 personas en edad de dependencia por cada 100 en edad reproductiva (INEGI, 2021).

Expuestas las principales generalidades de México, es importante aclarar que, el propósito principal de este artículo es ahondar en el desempeño del país en cuanto a materia ambiental se refiere: mencionar la ratificación de los principales tratados o acuerdos internacionales en materia de cambio climático, enunciar y explicar las políticas en torno a gases de efecto invernadero (GEI), deforestación, reforestación, producción de energía y la evaluación de las acciones sobre la protección de líderes y lideresas ambientales en el país.

Tratados Internacionales

En primer lugar, en términos de tratados internacionales según la Gaceta del Senado, el Estado Mexicano ha firmado 72 tratados internacionales (2019), vinculados en materia de medio ambiente. No obstante, de acuerdo al Observatorio del Principio 10 de América Latina y el Caribe de la CEPAL, son sólo 16 los acuerdos y tratados ratificados por el país, entre los que se encuentran:

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Escazú) (22 de enero de 2021)
Acuerdo de París [De la Convención Marco sobre el Cambio Climático] (21 de septiembre de 2016)
Convenio de Minamata sobre el Mercurio (29 de septiembre 2015)
Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity (26 de septiembre 2012)
Protocolo de Nagoya – Kuala Lumpur sobre Responsabilidad y Compensación Suplementario Al Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad de la Biotecnología (16 de mayo de 2012)
Convenio de Rotterdam Para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional (04 de mayo de 2005)
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (10 de febrero de 2003)
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica (27 de agosto de 2002)
Protocolo de Kyoto [De la Convención Marco sobre el Cambio Climático] (07 de septiembre del 2000)
Convención Internacional de Lucha Contra la Desertificación en Los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación en Particular en África (03 de abril de 1995)
Convenio sobre la Diversidad Biológica (11 de marzo de 1993)
Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (11 de marzo de 1993)
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (02 de julio de 1991)
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Deshechos Peligrosos y su Eliminación (22 de febrero de 1991)
El Protocolo De Montreal Relativo a Las Sustancias Que Agotan La Capa De Ozono (31 de marzo de 1988)
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (14 de septiembre de 1987)

Es de destacar que, a nivel regional México fue el décimo país en ratificar en noviembre del año 2020 el Acuerdo de Escazú, el cual entró en vigor oficialmente el 22 de abril de 2022 (día de la Tierra), su importancia reside en el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Para ello, el gobierno mexicano debe propender por crear y fortalecer los mecanismos necesarios para el cumplimiento del acuerdo, la cooperación y el multilateralismo latinoamericano para el cuidado del medio ambiente y del desarrollo sostenible.

Políticas Ambientales

Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Por otro lado, en cuanto a la políticas ambientales nacionales, México creó la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), la cual World Wildlife Fund define como el instrumento principal que rige la política nacional para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono en el mediano y largo plazo (WWF, 2022). Eso como consecuencia de tener el noveno puesto entre los 10 países que aportan más emisiones per cápita en el mundo (ver Figura 2), contribuyendo con el 1.68% de las emisiones globales GEI, cuyas principales causas son las emisiones producidas por el transporte o fuentes móviles (26.2%), la generación de electricidad (19%) y las emisiones de la industria (17.3%) (excluyendo el cambio de uso de suelo y silvicultura).

Siendo consecuente con la estrategia, el gobierno mexicano junto al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático generaron el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, que contiene la estimación de las emisiones antropogénicas de gases y compuestos de efecto invernadero y de la absorción por los sumideros en México (Gobierno de México, 2018) y a su vez dieron paso al Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 (PECC 2014-2018) para la planeación de la ley, el cual representa la contribución de la administración pública durante el periodo del 2014-2018 para cumplir con la meta de reducir en un 30% el GEI al 2020 (México ante el Cambio Climático, 2022)

Cuenta con tres objetivos generales:

Reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático de la población y de sectores productivos.
Proteger y conservar los ecosistemas y los servicios ambientales que nos proveen.
Incrementar la resistencia de la infraestructura estratégica ante los impactos adversos del cambio climático.

Así mismo, para el año 2030 la meta establecida contempla la reducción no condicionada del 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030, lo cual significa una reducción de alrededor de 210 megatoneladas de GEI (ver figura 3).

Deforestación y Reforestación

De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en el año 2018 se estableció la reforma el artículo 105 de la LGEEPA para no permitir que se realice el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola o pecuario. Sumado a ello, se permite junto a los Consejos Estatales Forestales la inclusión para la participación de los representantes de comunidades, académicos, pueblos indígenas, profesional, industrial, sociedad civil, jóvenes, mujeres, y gobierno federal (Gobierno de México, 2018).Esta ley también busca regular el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, propendiendo por: la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas con vocación forestal del país y sus recursos.

Como a mediano plazo, se encuentra el Programa Nacional Forestal 2020-2024, se elaboró a través de un proceso participativo de planeación estratégica, de participación y consulta ciudadana de civiles, activistas, gobiernos locales, académicos y expertos. Bajo dicho proceso participativo, se logró captar y documentar la percepción sobre la problemática actual a la que enfrenta el sector forestal, el nivel de gravedad, la prioridad de atención y el análisis de propuestas de solución. Con base en lo anterior el Programa Nacional Forestal 2020-2024, establece 5 objetivos prioritarios, 26 estrategias y 188 acciones puntuales (Secretaría de Gobernación, 2020). Los objetivos prioritarios son:

1.- Promover el manejo forestal comunitario para el uso sostenible y diversificado de los recursos forestales, así como la integración y desarrollo de redes locales de valor competitivas que detonen economías locales para mejorar la calidad de vida de la población que habita en zonas forestales.

2.- Proteger los ecosistemas forestales de factores que deterioran la cobertura vegetal para mantener el patrimonio natural y contribuir a la mitigación al cambio climático, para el bienestar de la población que habita en las zonas forestales y de la sociedad en general, a través de una gestión territorial.

3.- Conservar y restaurar la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos de áreas forestales estratégicas, mediante un enfoque incluyente y participativo que contribuya a garantizar un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la población.

4.- Impulsar en el sector forestal un nuevo modelo de gobernanza, pluralidad y participación social y ciudadana efectiva e incluyente.

5.- Promover una articulación institucional efectiva y mejorar el desarrollo de capacidades institucionales para la atención del sector forestal.

A largo plazo los objetivos para el año 2030 giran en torno a la Deforestación Cero esta nueva Ley permite incrementar el aprovechamiento legal y sustentable de los bosques en beneficio de sus legítimos poseedores, reducir la tala ilegal y evitar la deforestación.

Producción de Energía

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (PND) se plantean como objetivos el “Rescate del sector energético”, a partir del impulso que se brinde desde el Gobierno Federal a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que desarrollan actividades estratégicas en materia energética, para que sean la palanca del desarrollo nacional, de manera tal que estimulen la competitividad, el fomento del crecimiento económico y del empleo (Secretaría de Energía, 2019).

En particular, existe el Programa Sectorial de Energía 2020 – 2024, conforme a este fundamento, es el instrumento rector de planeación que integra objetivos y estrategias prioritarios con acciones puntuales que conducirá la Secretaría de Energía (SENER) como cabeza de sector, coordinadamente con las EPE, los órganos administrativos desconcentrados, las entidades paraestatales y los órganos reguladores coordinados (Secretaría de Energía, 2019).

Los objetivos del Plan Sectorial de Energía son:

Alcanzar y mantener la autosuficiencia energética.
Fortalecer a las Empresas Productivas del Estado EPE.
Organizar las capacidades científicas, tecnológicas e industriales para la transición energética.
Elevar el nivel de eficiencia y sustentabilidad en la producción y uso de las energías.
Asegurar el acceso universal a las energías.
Fortalecer al sector energético nacional para que constituya la base que impulse el desarrollo del país (Vázques, 2020).

Cada uno de estos objetivos tiene asociadas tres metas que indican el grado de cumplimiento de los mismos, por lo que el Programa contiene 18 metas a cumplir en 2024, con el 35% de electricidad proveniente de energías limpias de acuerdo con los compromisos internacionales.

Líderes y Lideresas Ambientales en México

Por otro lado, los defensores ambientales en el territorio mexicano corren peligro respecto a su seguridad, pues son principalmente personas que están en constante riesgo por ataques. Tan solo del año 2019 al año 2020 aumentaron un 67%. Una de las principales causas de defensa se vinculó a la deforestación, por lo que comunidades indígenas se vieron vulneradas al recibir más ataques (Global Witness, 2021).

Los Estados con un mayor número de reportes por agresiones a defensores ambientales han sido Oaxaca, Guerrero, Sonora y Morelos. En el caso de Oaxaca que encabeza la lista por el número de agresiones, se reportaron ocho asesinatos de defensores ambientales, en esta zona el mayor conflicto se debe a la construcción de una hidroeléctrica. Sin embargo, las agresiones se pueden clasificar por el tipo de sector, como son minero, hídrico, energético (eléctrico), comunicación, forestal, turismo, desarrollo urbano, industrial y biodiversidad (CEMDA, 2021).

De este modo las agresiones pueden comenzar con la intimidación en la mayoría de casos, sin embargo hay otro tipo de agresiones que predomina hacía los defensores ambientales como hostigamiento, amenazas, agresiones físicas, criminalización, desaparición, homicidio, secuestro o robo (CEMDA, 2021).

No obstante, frente a esta situación no existen políticas establecidas para resolver la problemática. Lo más cercano es la “ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, pero la falta de especificidad de la misma, para términos ambientales (en el documento presentado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no se menciona la palabra ambiente o naturaleza ni una sola vez) puede resultar como un obstáculo para proceder tanto con la prevención como con la reacción de amenazas y homicidios hacia estos líderes ambientales. Como afirma Vázquez en Democracia Abierta “la excesiva demora de los procesos judiciales se convierte en un elemento disuasorio para intimidar y silenciar a las personas defensoras, desmovilizar las organizaciones de la sociedad civil e imponer obstáculos al legítimo ejercicio del derecho a promover y proteger los derechos humanos” (2020).

Empero, se espera que con la adhesión y ratificación del Acuerdo de Escazú, anteriormente mencionada, el Gobierno de México logre articular sus esfuerzos para la implementación del tratado y por ende de la protección de los líderes ambientales.

Bibliografía

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