ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Delegación Argentina: Iara Nardone, Camila Andrea Vásquez Hernández y Facundo Esteban Florentin Domaica

Introducción 

En Argentina la problemática ambiental no es un tema nuevo. Esta se incorporó a la estructura del Estado en el último gobierno de Juan Domingo Perón entre los años 1973 a 1976, con la creación de la Secretaría de Estado. Sin embargo, el golpe militar de 1976 diluyó la identidad del mismo, provocando la reasignación de sus funciones a otros organismos del aparato estatal argentino. No obstante, en los 90, bajo el primer gobierno de Carlos Menem, quien fue presidente entre los años 1989 a 1995, lo ambiental recupera el espacio que diluyó el golpe militar (Gutierrez e Isuani, 2013). Lo cual, estuvo precedido por la conformación de una Comisión encargada de diseñar la política ambiental, representada  hoy en día por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

Asimismo, es importante resaltar que gracias a su proceso histórico, Argentina se ha consolidado durante los últimos años como un país que cuenta con una política de medio ambiente establecida y soportada bajo la Ley General de Medio Ambiente. Esto ha permitido que, a través de las distintas áreas de desarrollo estipuladas: el impacto ambiental, la política ambiental, la educación ambiental, el seguro y daño ambiental y la participación ciudadana, la nación pueda contribuir de manera activa al cambio climático. 

No obstante, encontramos imperante en esta investigación que Argentina continúe fortaleciendo su desarrollo de política ambiental a través de mecanismos federales que contribuyan al objetivo común que han establecido como país. 

Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático de 2017 y Ley 27.191

La ley N.º 27.191 tiene como objeto el fomento del uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica. Su expansión tiene consecuencias favorables para el país, debido a que, al tener una mayor diversificación de la matriz energética nacional, se ha dado una reducción en los costos de la generación de energía. Igualmente, la previsibilidad de precios a mediano y largo plazo, junto con la contribución a la mitigación del cambio climático, han permitido que se den las condiciones óptimas para la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica para Argentina. 

La ley establece la introducción de la Segunda Etapa del Régimen de Fomento Nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de Energía Eléctrica. Asimismo, acuerda la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) y la consolidación de la contribución de los usuarios de energía eléctrica al cumplimiento de los objetivos del Régimen de Fomento. Por otro lado, asegura el tratamiento de los incrementos fiscales y el régimen de importaciones, junto con la regulación del acceso y la utilización de fuentes renovables de energía. 

Adicionalmente, con esta ley, se implementa el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático, cuyo fin es planificar la implementación de las medidas contenidas en la contribución argentina bajo la jurisdicción del Ministerio de Energía y Minería (MINEM), de la mano del desarrollo del país en cuanto a los compromisos asumidos en materia de cambio climático. En la coordinación del plan se encuentran la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC), del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Asimismo, el plan fue consensuado con los ministerios que componen el GNCC, con actores representativos de los sectores académicos, ONG ‘s, cámaras, empresas y el sector de los trabajadores (Gabinete Nacional de Cambio Climático [GNCC], 2017.).  

Las medidas y acciones de mitigación se dividen en dos ejes de acuerdo a la oferta y la demanda de energía, para que entre ambas, se logre la reducción de emisiones para el año 2030 de 77 MtCO2eq (77 gigatoneladas de carbono equivalente). Además, se intentará que el objetivo sectorial de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) sea de apoyo al cumplimiento de la meta de la Contribución Nacional. A su vez, con medidas adicionales, se podría colateralmente lograr ahorros por 24 MtCO2eq que llevarían a reducciones de 101 MtCO2eq para el año 2030. (Gabinete Nacional de Cambio Climático [GNCC], 2017.).  

Para entenderlo un poco mejor, las energías renovables en la Argentina, se han desarrollado por medio de 206 proyectos adjudicados desde 2016. Los cuales prometen generar, 6130.9 MW para abastecer  4,7 millones de hogares. Adicionalmente, gracias a su impacto se han invertido, 7237 millones de dólares en este sector, dando 9200 puestos de trabajo relacionados con la actividad. Esto logró que entre el 2017 y 2019, Argentina se posicionara como uno de los diez destinos más atractivos para invertir en la «ola verde».

Según los datos brindados por Manzoni (2019), en el 2019 la participación de las energías renovables en la provisión de la demanda de electricidad nacional llegó a 4,8% , pero aún no logra cumplir lo que se propone en la Ley 27.191. No obstante, para lo corrido del año 2022, el 13% en promedio de la demanda total de energía fue abastecida mediante energías renovables. La tecnología utilizada fue: 74% energía eólica, 13% energía solar, 7% energía hidráulica y 6% bioenergías.

De lo anterior, se puede afirmar que Argentina está tomando grandes pasos para la producción de energías renovables y sustentables, del mismo modo, se demuestra que es un país que está alcanzando buenos resultados y posicionándose positivamente a los ojos del concierto internacional. No obstante, aún tiene mucho camino por recorrer para alcanzar los objetivos previstos en el Plan Nacional de Acción de Energía.

La cuestión ambiental y su tratamiento en la Constitución

La República Argentina incluye en su Constitución Nacional (reformada en el año 1994), en el artículo 41 que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.”

Durante la reforma, se introdujo el concepto “apto para el desarrollo humano”, un tema novedoso para la época, ya que fue la primera constitución en el mundo que recogió este concepto, en consonancia con la visión moderna y progresista de los informes del programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo (Marcelo Alberto, López Alfonsin 1995). 

Además, es preciso reconocer, que los convencionales (los facultados para reformar la constitución) de 1994, omitieron algunas iniciativas presentadas durante la reforma, con respecto a la atribución del congreso de “dictar un código ambiental”. Es decir, incluir en la constitución argentina la legislación de fondo o común equivalente a los códigos civil, comercial, penal y de minería. Durante el debate se decidió incluir el texto anteriormente señalado para ser agregado en la parte dogmática de la ley fundamental. Hubo una clara intención de no cubrir esta materia con los mismos alcances que los códigos de fondo (Marcelo Alberto, López Alfonsin 1995).

Estructura institucional de la República Argentina para el medio ambiente

En la república Argentina existe el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuyo ministro es el Lic. Juan Cabandié. De este ministerio dependen las secretarías de:  Política Ambiental en Recursos Naturales, Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Control y Monitoreo Ambiental y los siguientes Organismos: la Administración de Parques Nacionales y  el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)

Por su parte, en septiembre del 2020 fue anunciado el Plan de políticas ambientales en Argentina, cuyo objetivo es construir un modelo sostenible, de consumo responsable y de cuidado del ambiente a nivel nacional. Sus cuatro áreas de acción son: la agroecología, los residuos, la educación y la mitigación y atención de  incendios.

1- Agroecología: plan Casa Común

Este plan busca promover proyectos de agroecología municipal a través de financiamiento del estado nacional. Además, busca generar y preservar reservas naturales, urbanas, viveros y áreas verdes. (Gadea Lara 2020).  Su establecimiento, contó con un presupuesto de 600 millones para el año 2021. Adicionalmente, en términos cuantitativos,  el plan produjo un aumento en las áreas cultivadas con sistemas agroecológicos u orgánicos hasta la actualidad. “Durante el año 2021 la superficie orgánica cosechada subió un 14%, cosechando 96.476 hectáreas en total, sosteniendo la tendencia positiva que muestra esta variable para los últimos 10 años” (SENASA 2021).

Del mismo modo, desde la iniciativa privada, fue notable el surgimiento de un grupo de ingenieros agrónomos, médicos y referentes socio-ambientales quienes crearon en 2016 la 

“Red Nacional de Municipios Agroecológicos (Renama) con el objetivo de que cada vez más localidades adoptaran un modelo productivo respetuoso de la salud humana y el ambiente(…)

Con menos de cinco años de existencia, Renama es hoy una red que incluye a 34 localidades argentinas (más una uruguaya y una española) y que agrupa a 180 productores que trabajan unas 100 mil hectáreas bajo el paradigma agroecológico, con el asesoramiento de 85 técnicos” (Red-Acción 2021). 

2-Residuos: Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto

Fue uno de los temas que más preocupó al ministro Cabandié desde su primer día en el cargo durante la COP25 en Madrid y que expresó en esta conversación con RED /ACCIÓN. En Argentina aún hay 5.000 basurales a cielo abierto, que exponen un impacto negativo para el ambiente y los recolectores que allí trabajan.

El plan anunciado supone una inversión de 8.000 millones de pesos argentinos para el período 2020/2021 para construir complejos socioambientales que garanticen una mejor gestión de los residuos (Gadea- Lara, 2020). 

Entendiéndolo como un problema de alcance nacional, la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación desarrolla, en articulación con los gobiernos locales, un Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto. Esta iniciativa se sostiene en una inversión de más de $30 mil millones de pesos argentinos, alcanzada con presupuesto propio y un préstamo otorgado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo).  Además, se derogó el decreto 591/2019, que facilitaba la importación de residuos para ser utilizados como insumos industriales sin la exigencia de un certificado de inocuidad sanitaria y ambiental (Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto).

3-Educación: Ley de educación ambiental

El 3 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina bajo el N°27.621 (en adelante “Ley 27.621”). La cual tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional cuyo principal instrumento es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI). 

Los objetivos más destacados de ENEAI son: 1) Crear un repositorio de experiencias de educación ambiental integral accesible por procedimientos informáticos vía internet. 2) Generar y gestionar los mecanismos que faciliten el cumplimiento sistemático de la Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y/o aquellos que en el futuro se acuerden. 3) Favorecer los consensos que garanticen la sustentabilidad a largo plazo para la prevención y el control de los procesos susceptibles de producir impactos ambientales depredativos e irreversibles. 4) Impulsar programas de Educación Ambiental Integral en la capacitación de los agentes de la administración pública nacional, provincial y municipal y la asistencia técnica a los sectores gubernamentales que así lo requieran, para el desarrollo de sus programas y proyectos en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI). 5) Elaborar, publicar y distribuir materiales de Educación Ambiental oficiales y gratuitos en todos los soportes disponibles y apropiados de acuerdo con los principios establecidos en la presente ley (Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible).

4-Incendios: Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego

Es el último punto de los cuatro presentados por el plan de políticas ambientales del año 2020. Cuenta con una inversión de 45,5 millones de pesos argentinos para equipamiento. “Además, se compromete a capacitar  brigadas y a establecer una plataforma automatizar alertas tempranas, entre otras acciones que buscan garantizar una mejor respuesta ante la problemática de incendios” (Gadea Lara 2020).

 Críticas

El gobierno parece tener cierta intención de atender la problemática ambiental, pero creemos que en los resultados las cosas fueron distintas. Un ejemplo de esto fue lo sucedido en los incendios en la provincia de Corrientes y la ineficiencia que mostró el  Estado Nacional para resolverlo. 

Julian Dominguez (Ministro de agricultura, ganadería,  pesca y alimentación de la Nación) refiriéndose a las medidas del Gobierno nacional para hacer frente a la situación, sus únicas palabras fueron “hace cuatro semanas que estamos trabajando con la provincia, a la que le hemos pedido las declaraciones de emergencia y desastre”. Sin embargo, el procedimiento habitual en estos casos es que, una vez que la provincia sentencia las declaraciones, las presenta a consideración de la Comisión Nacional de Emergencia y Desastre Agropecuario, que hace su recomendación al Ministerio de Agricultura para que haga lo propio a escala nacional.

No pretendemos culpar a nadie,  empero nos parece que faltó compromiso real para resolver el problema. Analizamos que se priorizaron asuntos políticos tanto de la provincia como de nación por encima de ofrecer una solución real a la situación.

Conclusión

Es notable que Argentina en sus esfuerzos de lucha contra el cambio climático ha logrado importantes avances, adaptándose legal y políticamente a reglamentaciones con objetivos establecidos para mitigar los efectos de esta problemática. Sin embargo, consideramos que aún hay cuestiones institucionales que deberían revertirse, ya que no logra cumplir con todo lo previsto en cada política determinada en materia ambiental. 

Asimismo, frente a tragedias naturales, fuentes privadas lograron combatir con mayor eficiencia el fenómeno que el Estado per se. Por lo tanto, es fundamental el acompañamiento de la esfera privada junto con la esfera pública para poder continuar la “ola verde”.  

Con lo sucedido en la provincia de Corrientes quedó de manifiesto uno de los problemas dentro de la política ambiental argentina. Por esta razón, creemos fundamental la participación de los jóvenes  en los procesos decisorios para poder renovar las aspiraciones y metas políticas, sobre todo en áreas en donde lo que está en juego es el bienestar de esta y las futuras generaciones.

Bibliografía:

es_ESES